Estafas millonarias, secuestros y propiedades en Curicó: cómo operaba la organización criminal que investigó la Fiscalía del Maule
- Lunes 16 de noviembre de 2026
- 11:13 hrs
Una investigación de seis meses permitió descubrir una estructura dedicada a obtener información personal de sus víctimas para realizar transferencias bancarias fraudulentas. La denominada Operación Interferencia también dejó al descubierto antecedentes de secuestros extorsivos y presunto lavado de activos. La Fiscalía busca ahora determinar el alcance del patrimonio vinculado a la organización.
Una llamada telefónica podía ser el comienzo de una estafa millonaria. Al otro lado de la línea, integrantes de una organización criminal buscaban conseguir información personal que posteriormente les permitiera acceder al dinero de sus víctimas.
La investigación comenzó en mayo y terminó convirtiéndose en uno de los procedimientos contra el crimen organizado más relevantes conocidos recientemente en la Región del Maule.
La denominada Operación Interferencia, desarrollada por la Fiscalía Regional y distintas unidades de la Policía de Investigaciones, permitió identificar una estructura presuntamente dedicada a estafas telefónicas, secuestros extorsivos y lavado de activos.
El operativo se concentró en distintos sectores de la provincia de Curicó, aunque los antecedentes conocidos indican que las actividades investigadas se extendían a otras regiones del país.
Las cifras del procedimiento presentan diferencias entre las publicaciones consultadas. Los primeros balances informaron 32 detenidos y 13 vehículos incautados; otros reportes posteriores elevaron esas cantidades. La cifra definitiva debe confirmarse con la Fiscalía antes de cerrar la edición.
El negocio comenzaba con los datos personales
Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, uno de los principales mecanismos utilizados por los investigados consistía en contactar telefónicamente a personas para obtener información que posteriormente facilitaba la realización de transferencias bancarias fraudulentas.
El fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña, explicó el funcionamiento de la organización durante el balance del operativo, difundido por BioBioChile el 10 de noviembre. “En este caso en particular, lo que ellos hacían era obtener los datos de personas”, señaló el persecutor.
La investigación apunta a que esa información era utilizada para afectar el patrimonio de las víctimas mediante operaciones bancarias. El procedimiento demuestra la importancia que puede adquirir la información personal dentro de determinadas modalidades de delincuencia organizada. Sin embargo, todavía no se conoce públicamente el número definitivo de personas afectadas ni el monto total de las defraudaciones acreditadas judicialmente.
Hasta $100 millones en 20 transacciones
Uno de los antecedentes más llamativos fue entregado por el jefe de la Región Policial del Maule de la PDI, Javier González.
En declaraciones difundidas por BioBioChile el 10 de noviembre, el funcionario indicó: “En 20 transacciones le pueden sacar hasta 100 millones de pesos a una persona”. La afirmación describe la capacidad de defraudación atribuida a la organización durante la investigación.
No significa que todas las víctimas hayan perdido esa cantidad ni que se encuentre acreditado judicialmente un perjuicio idéntico en cada caso.
El antecedente, sin embargo, permite dimensionar la velocidad con que podrían concretarse operaciones fraudulentas una vez obtenida información bancaria suficiente.
De las transferencias a los bienes materiales
La investigación no se limitó a identificar a quienes habrían participado en las estafas y también buscó seguir el destino del dinero.
De acuerdo con los antecedentes difundidos, los investigadores detectaron la adquisición de vehículos y propiedades que podrían estar relacionados con las ganancias obtenidas mediante las actividades ilícitas.
El procedimiento permitió incautar dinero, vehículos, armas y sustancias ilícitas.
Además, la PDI informó gestiones orientadas a perseguir bienes inmuebles vinculados a la organización.
Esta dimensión resulta especialmente relevante porque una investigación por lavado de activos busca establecer si determinados recursos provenientes de delitos fueron incorporados a actividades o bienes aparentemente legítimos.
La existencia de propiedades o vehículos, por sí sola, no acredita lavado de activos. Para ello se requiere demostrar su relación con operaciones ilícitas y las conductas contempladas en la legislación.
Curicó y la expansión de la investigación
La provincia de Curicó tuvo un papel central en las diligencias policiales. Distintas unidades especializadas de la PDI participaron en allanamientos y procedimientos destinados a identificar a los presuntos integrantes de la estructura. La investigación también involucró a la Brigada de Lavado de Activos del Maule.
Los antecedentes publicados señalan que la organización habría operado más allá de la región, aunque no existe un desglose público completo que permita identificar todas las comunas donde se habrían cometido las estafas.
Por esa razón, no corresponde afirmar que las víctimas pertenecían mayoritariamente a Curicó ni atribuir delitos específicos a otras comunas sin antecedentes judiciales.
La conexión regional acreditada hasta ahora está en la investigación desarrollada por la Fiscalía del Maule y en los procedimientos policiales ejecutados principalmente en la provincia de Curicó.
Los secuestros extorsivos: otra línea de investigación
Además de las estafas, el Ministerio Público informó antecedentes que vincularían a la organización con secuestros extorsivos.
Se trata de una dimensión distinta de la investigación, que requiere establecer la participación individual de los imputados y las circunstancias de cada hecho.
No se ha difundido información suficiente para determinar cuántas víctimas de secuestro fueron identificadas ni cómo se relacionan esos episodios con las operaciones financieras. La Fiscalía deberá acreditar esos antecedentes ante los tribunales.
¿Qué ocurre después de las detenciones?
La investigación entra ahora en una etapa donde será fundamental establecer las responsabilidades individuales y el origen de los bienes incautados. También deberá determinarse qué parte del patrimonio investigado puede vincularse efectivamente con los delitos imputados.
Un balance publicado este 16 de noviembre por Diario La Mañana informó que 23 imputados quedaron en prisión preventiva.
Ese antecedente requiere contrastarse con las resoluciones judiciales correspondientes, especialmente porque las publicaciones de los últimos días presentan diferencias en el número total de detenidos.
La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena.
El desafío de perseguir el dinero
La Operación Interferencia muestra que las investigaciones sobre crimen organizado no terminan necesariamente con las detenciones.
La identificación de cuentas, vehículos, propiedades y movimientos financieros puede resultar determinante para establecer cómo se sostenía económicamente una estructura delictiva. También permitirá esclarecer si existían mecanismos para ocultar o transformar el origen de los recursos.
En el Maule, la investigación abre preguntas sobre la capacidad de las instituciones para detectar redes de estafas que pueden afectar a víctimas de distintas regiones sin necesidad de contacto presencial.
El resultado judicial todavía está pendiente, pero el caso deja una advertencia concreta: la delincuencia organizada también puede operar mediante teléfonos, datos personales y transferencias bancarias, sin que sus víctimas lleguen a conocer físicamente a quienes las defraudan.
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