Colegio de Profesores reafirma paro nacional por acoso escolar el 7 de agosto

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile ha anunciado un paro nacional de 24 horas y convocado a movilizaciones a nivel nacional para el próximo miércoles 7 de agosto. Esta medida se toma en respuesta a lo que la organización describe como una alarmante escalada de agresiones, acoso y malos tratos hacia los docentes en todo el país.

En su web oficial el Colegio de Profesores publicó una carta abierta donde se refieren al alto riesgo psicosocial en el que se encuentran envueltas las escuelas y los docentes.

“La violencia en sus distintas formas se ha instalado en nuestra sociedad y esto ha remecido también los establecimientos educacionales. Es así como las y los profesores se ven afectados y la docencia está rápidamente transformándose en una profesión de alto riesgo psicosocial”, comienzan diciendo.

A aquello agregan que: “Es por esto que como Colegio de Profesoras y Profesores hemos convocado a una movilización el día 7 de agosto, para hacer un llamado de atención a las autoridades de gobierno, al parlamento y a la sociedad en su conjunto, pues deben hacerse todos los esfuerzos por erradicar la violencia de los establecimientos educacionales”.

Es así como el colegiado destaca los cuatro ejes que son los principales para realizar esta convocatoria:

1. Agobio, entendido como la suma de responsabilidades que, por su volumen, complejidad, continuidad y coincidencia, superan la posibilidad de respuesta efectiva.
2. Acoso, que es toda conducta agresiva u hostigamiento ejercida por el empleador o por pares.
3. Maltrato, entendido como conductas que apremian, como también violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral.
4. Agresiones, pues son numerosos los hechos de violencia física, verbal, psicológica y virtual ejercida contra docentes y demás funcionarios de educación, que en los últimos años se han duplicado.

En esa línea, los docentes hacen un llamado a las autoridades del Gobierno para generar políticas “encaminadas a que los establecimientos educacionales sean el escenario propicio para educar a nuestros niños, niñas y jóvenes para que podamos proyectarnos como una sociedad respetuosa de los derechos humanos”.

Finalmente, emplazan “al Parlamento a aprobar el proyecto de ley de convivencia en beneficio de las comunidades educativas, sin usarlo como moneda de cambio para aspiraciones de sectores políticos”.