Corte desestima acusación contra Piñera y el Estado por delitos de lesa humanidad

En el marco de las denuncias interpuestas a raíz de las violaciones de los Derechos Humanos durante el denominado estallido social en octubre de 2019, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) informó que no iniciará un examen preliminar.

La resolución se adoptó luego de que el exjuez Baltazar Garzón, la ONG Comisión Chilena de DD.HH. y la organización italiana CRED presentaran una solicitud ante el fiscal general de la CPI para una investigación en contra del Estado de Chile, el Presidente Sebastián Piñera, los exministros del interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; los exministros de Defensa Alberto Espina y Mario Desbordes; el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas y el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

El argumento indicaba que en el país las violaciones a los Derechos Humanos eran "fraudulentamente calificados como delitos comunes", con el fin de "sustraerlos de la jurisdicción de la Corte de Penal Internacional" para "favorecer su posterior impunidad".

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que "después de evaluar todos los antecedentes disponibles, (la CPI) descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas", según consignó El Mercurio.

"Sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la Oficina del Fiscal y la Corte Penal Internacional, y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido", cerró.