'Un asado era un millón de pesos': a prisión exfuncionarios públicos que recibieron millonarios sobornos en caso Castillo de Naipes

La directora de Obras Municipales de Longaví, Valeria Arancibia, y el exarquitecto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Rodrigo Ibacache, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por su participación en un millonario fraude al Fisco en la Región del Maule.

Ambos exfuncionarios se mantenían prófugos en el marco de la "Operación Castillo de Naipes" y se entregaron voluntariamente ante el Juzgado de Garantía de San Javier. El fiscal jefe de la comuna, Patricio Caroca, les imputó cargos por estafa, fraude al Fisco, falsificación, uso malicioso de instrumento privado mercantil y lavado de activos.

Durante la audiencia, que se extendió por cerca de dos horas, el Ministerio Público detalló cómo operaba el mecanismo de corrupción. Los imputados, quienes tenían a su cargo la adjudicación y ejecución de proyectos, abusaron de sus facultades para beneficiar a la empresa Constructora Pereira e Hijos Limitada mediante el pago adelantado de dineros, remesas y extensión de plazos. A cambio, exigían reiteradas coimas.

El fiscal Caroca explicó ante el tribunal que "estos dos sujetos defraudaban al fisco recibiendo coimas, sobornos de una empresa constructora". Para ocultar los pagos, los imputados utilizaban una palabra clave: pedir un "asado" significaba solicitar el depósito de un millón de pesos.

Sobre los montos recibidos, el persecutor detalló que "en el caso de la directora de Obras Municipales de Longaví, esta recibió más de 13 millones de pesos directamente y a través de su madre, quien recibía los depósitos y utilizaba palabras claves para solicitar el dinero". Respecto a Ibacache, precisó que "recibió más de 24 millones de pesos triangulados a través de una amiga y otros fondos que recibía directamente".

Caroca enfatizó que "se trata de funcionarios públicos que utilizaban sus cargos para enriquecerse personalmente", calificando su actuar como infracciones graves al principio de probidad administrativa "que ponen en tela de juicio la confianza de las personas en las instituciones". Agregó que los imputados se suman a otros funcionarios ya formalizados por hechos similares "utilizando sus cargos en los municipios de San Javier, Colbún, Villa Alegre y el Gobierno Regional".

El caso, donde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) actúa como querellante, investiga un perjuicio estimado en $3.000 millones. La red operaba mediante el cobro en factoring de facturas ideológicamente falsas y órdenes de compra falsificadas. De estos fondos, cerca de $160 millones habrían sido enviados al extranjero.

Pese a la oposición de las defensas, el juez (s) Patricio Troncoso acreditó los ilícitos, salvo el cargo de agrupación criminal, y justificó la prisión preventiva por el riesgo de reiteración y peligro de fuga. Arancibia cumplirá la medida en el Centro Penitenciario Femenino de Talca, mientras que Ibacache ingresó al Complejo Penitenciario de la misma ciudad. Con esto, los 12 implicados en la causa permanecen encarcelados mientras rige el plazo de investigación de cuatro meses.